Las fundaciones y la inflación legislativa

El donante responsable al aportar dinero a una organización se pregunta cuánta carga administrativa tiene la entidad. Lo ideal es el 0%, es decir, que si aporta 100 euros lleguen 100 para ayudar a la persona necesitada. Hay pocas entidades sin costes indirectos, sin carga administrativa, de gestión, como es el caso de la Orden Ecuestre del Santo Sepulcro de Jerusalén, lo normal suele estar entre un 7 y un 10%. Sin embargo hay entidades que llegan hasta un 60% (¡), que no se cómo se pueden calificar.

Pues bien, el estado español está últimamente forzando a elevar estos costes indirectos a base de aumentar la carga administrativa en base una cierta inflación normativa. A finales de 2014, las fundaciones catalanas alertaban de los efectos negativos que puede tener para su actividad el “alud legislativo” que se está produciendo en España y Cataluña en torno a la transparencia, y reivindicaron su labor y su honestidad ante la imagen negativa que se ha producido por casos muy mediáticos. Y añado yo, algunas veces, falsamente. Por ejemplo la famosa “fundación” del instituto Noos que ni siquiera era una fundación, es una sociedad limitada y con igual nombre una asociación.

TRASLADO

La Coordinadora Catalana de Fundaciones, advertía que el “exceso regulatorio” dificulta la actividad de una parte importante de las fundaciones, que son medianas o pequeñas, y que ya se han visto obligadas en los últimos años a atender “una mayor demanda social con menos recursos” debido a la crisis.

En los últimos meses, se ha aprobado en España el reglamento de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y la Reforma Tributaria. Ha entrado en vigor en diciembre de 2014 la Ley de Transparencia y el Gobierno tiene en cartera una modificación de la ley de Fundaciones, que esperamos no siga adelante.

En paralelo, el Parlamento catalán aprobó en diciembre la ley de Protectorado, con un régimen de sanciones, y la Ley de Transparencia, acceso a la información y el buen gobierno. Más normas, que suponen nuevas obligaciones, que incrementan el papeleo y la burocracia a la que se enfrentan. Tanta regulación podría llevar a las fundaciones a una situación de ahogo e “indefensión”, lamenta el presidente de la coordinadora catalana. Al menos, se pide, deberían diferenciar entre las grandes y las medianas y pequeñas a la hora de establecer obligaciones.

En Cataluña, existen unas 2.000 fundaciones, un 23 % de todas las que existen en España, que ocupan a 78.000 personas, el 40 % del sector a nivel estatal. Estas organizaciones prestan servicios a casi 12 millones de personas. Durante la crisis han desaparecido un 12 % de las fundaciones catalanas, pero se incrementó en un 20 % el empleo en el sector, y se multiplicaron por dos los beneficiarios de sus actuaciones.

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