La modificación del régimen regulador del mecenazgo: una prioridad para el sector fundacional

Artículo de la revista Cuadernos de la AEF (http://www.fundaciones.org/EPORTAL_DOCS/GENERAL/AEF/DOC-cw4f86ab6ed4bf0/CuadernosAbril2012.pdf)

Como se ha venido poniendo de manifiesto en los últimos días, es intención del Gobierno de España proceder a la modificación del régimen regulador del mecenazgo, actualmente contenido en la Ley 49/2002, de 23 de diciembre de Régimen Fiscal de las Entidades sin Fines Lucrativos y de los Incentivos Fiscales al Mecenazgo. El fin de esta Ley es incentivar a la sociedad civil para que participe en la financiación de las entidades que conforman el Tercer Sector mediante la concesión de beneficios fiscales.

Como Vicepresidente Ejecutivo de la Fundación ONCE, miembro de la Junta Directiva de la Asociación Española de Fundaciones (AEF) y responsable del Grupo Sectorial de Fundaciones de Inclusión Social de dicha entidad, considero que es el momento adecuado para realizar una reforma del régimen fiscal del mecenazgo, teniendo en cuenta la grave situación de crisis económica por la que estamos atravesando. Es más, no sólo la considero adecuada, sino conveniente y necesaria si se quiere seguir contando con la participación de las entidades del Tercer Sector y, en especial, del sector fundacional en el desarrollo de la sociedad civil en nuestro país.

Cada vez son más las personas que se esfuerzan cada día por mejorar nuestra sociedad como empleados o como voluntarios en las organizaciones del Tercer Sector, en las diferentes asociaciones, fundaciones y otras organizaciones que lo conforman. El éxito de una democracia moderna necesita de un Tercer Sector próspero y diversificado, y el papel del Estado en este sentido es el de crear el espacio adecuado y oportuno para que este sector florezca, por ejemplo incentivando la canalización de los recursos privados hacia este conjunto de organizaciones que trabajan por el interés general.

Así, la futura reforma debe tener en cuenta el conjunto de entes sin ánimo de lucro que operan en la realización de actividades de interés general, sin realizar distinciones en función de su ámbito de actuación.

Desde la promulgación de nuestra Carta Magna, no se ha realizado ninguna distinción en la regulación del marco fiscal y legal entre entes sin fin de lucro en función de las actividades que desarrollan. Y esta tradición jurídica debería seguir siendo respetada.

Si acudimos a la regulación actual (la citada Ley 49/2002), se comprueba que en el ámbito legal y fiscal, la definición de fines de interés general que las entidades sin ánimo de lucro pueden desarrollar es más que amplia ya que engloba, entre otras, los fines de defensa de los derechos humanos, víctimas del terrorismo, asistencia social e inclusión social, cívicos, educativos, culturales, científicos, deportivos, sanitarios, laborales, de promoción del voluntariado, etc., siendo así que cuando el legislador fiscal ha decidido qué explotaciones económicas han de estar exentas en el Impuesto sobre Sociedades, ha incluido aquellas explotaciones económicas que son reflejo de los fines de interés general mencionados y en particular las explotaciones económicas de prestación de servicios de promoción y gestión de la acción social. En este sentido, la actual Ley 49/2002 no realiza distinciones por ramas de actividad, y la futura reforma debería respetar el espíritu de esta norma y continuar la tradición jurídica de no discriminar a las entidades del Tercer Sector en función de su actividad.

Asimismo es una realidad que el sector privado dedica importantes recursos a actividades de mecenazgo, en un volumen similar al que encontramos en otros países europeos. Sin embargo, el tratamiento fiscal que disfrutan las empresas y los particulares en España difiere en muchos aspectos de los que encontramos en la legislación europea sobre esta materia.

En Francia los incentivos fiscales alcanzan el 60% de la aportación a ser desgravado de la cuota para empresas y entre el 66 y 75% para personas físicas. Estas medidas fueron introducidas en 2003 y las desgravaciones provocaron un incremento sustancial de las donaciones privadas (un 60% en solo dos años, en buena medida gracias a las PYME).

En Italia, dependiendo del tipo  de donaciones, la deducción puede ser hasta el 100% de la aportación.  En Alemania, se han tomado además de éstas, una serie de medidas para fomentar la corresponsabilidad de la sociedad civil, de forma que las personas físicas se deducen el importe total de las donaciones hasta un máximo de la cantidad equivalente al 20% del total de ingresos obtenidos en el ejercicio. Mientras que en España los porcentajes de deducción son del 35% para entidades sujetas al Impuesto de Sociedades y del 25% en el caso del IRPF, quedando como única excepción para las empresas el patrocinio a grandes eventos de interés general, donde la deducción es superior.

A estos precedentes hay que sumar la importancia del Tercer Sector, -entidades no lucrativas, que aplican el principio de no distribución de beneficios y en las que las personas son los verdaderos beneficiarios de los servicios producidos- del que además, podemos decir que el volumen de empleo y voluntariado que representa sólo el Tercer Sector de Acción Social, está ahorrando a las arcas públicas una cifra que con criterios prudentes podría rondar más de 10.000 millones de euros, más de un punto del PIB. O lo que es lo mismo, si desapareciesen las organizaciones de Acción Social harían falta más de 500.000 funcionarios para sustituir al mismo nivel las actividades que realizan estas entidades.

En este marco hay que subrayar el imprescindible papel del sector fundacional, cuyo número de entidades activas supone – según el documento de datos básicos del sector fundacional español elaborado por el Instituto de Análisis Estratégico de Fundaciones (INAEF) – en el 2011, 9.050 fundaciones que movilizan a más de 200.000 personas, entre empleos directos, indirectos, patronos y voluntarios, logrando un volumen agregado de beneficiarios de más de 18 millones, lo cual es enormemente significativo en cuanto a su impacto social.

Los orígenes del sector fundacional español se remontan a una tradición centenaria de organizaciones filantrópicas. Las fundaciones, definidas en la Ley 50/2002, de 26 de diciembre de fundaciones como «organizaciones constituidas sin fin de lucro que, por voluntad de sus creadores, tienen afectado de modo duradero su patrimonio a la realización de fines de interés general», constituyen hoy en día una porción mayoritaria del llamado Tercer Sector o de entidades no lucrativas, al haberse convertido en una fórmula jurídica idónea para articular la iniciativa privada en pro de fines de interés general, canalizando así buena parte del emprendimiento social en España.

No podemos olvidar que la sociedad española se ha caracterizado por su vocación de solidaridad y de cooperación y, en muchas ocasiones, hemos tenido oportunidad de dar ejemplo de ello. En estos momentos debemos ser capaces de encauzar e incentivar esa solidaridad y, sin duda, las fundaciones somos un agente clave para lograrlo. Más allá de la transferencia de recursos económicos, este tipo de estímulos e incentivos puede generar importantes beneficios asociados a la colaboración entre la iniciativa pública y privada, tales como la transferencia de conocimiento, la innovación, el desarrollo profesional y tecnológico, etc. Debemos reconocer que el actual modelo de financiación en algunos casos se muestra demasiado dependiente de la Administración Pública y resulta por tanto oportuna la posibilidad de renovar el modelo de financiación.

Esta renovación debe ir a su vez acompañada de mejoras en cuanto a la gestión de las organizaciones y la evaluación de su impacto social, para así aprovechar la oportunidad de ser más eficientes y eficaces y garantizar la transparencia y la rendición de cuentas a la sociedad.

En conclusión, el conjunto de organizaciones que componen el Tercer Sector son de máxima relevancia en cuanto a la importante labor que realizan, en la que complementan e incluso en ocasiones sustituyen a los poderes públicos, así como por su peso en la economía nacional y el significativo volumen de empleo sostenible que genera. Por todo ello, es necesario impulsar el apoyo al Tercer Sector en su globalidad en la futura reforma de la Ley 49/2002, ya que de otra manera se estaría discriminando un sector clave para nuestra economía, así como para el desarrollo y modernización de nuestra sociedad.

Alberto Durán. Vicepresidente Ejecutivo de la Fundación ONCE.

 

1 Comentario
  • berita saham indonesia
    Publicado a las 12:12h, 18 septiembre Responder

    Your blog on La modificación del régimen regulador del mecenazgo: una prioridad para el sector fundacional – Ramón Pérez Lucena is awesome. I hope you can continue posting many more post soon. Viva abogadodefundaciones.com

Deja un comentario

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.