Fundaciones y protección de datos

correr papel

No hace mucho leía un artículo sobre PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES VS PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL  que me servía para confirmar que las fundaciones han de realizar cada dos años la auditoría en materia de Protección de Datos. Esto no era así antes, pues muchas fundaciones no tenían ficheros con medidas de seguridad altas para aplicar. Pero el cambio que supuso la ley 10/2010 de prevención del blanqueo de capitales obliga a crear unos ficheros con datos de carácter personal de los donantes. Datos que hay que conservar durante diez años y que implican pasar a un nivel alto de seguridad.
Esto se lee en el Artículo 39  de la ley:

El Protectorado y el Patronato, en ejercicio de las funciones que les atribuye la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, y el personal con responsabilidades en la gestión de las fundaciones velarán para que éstas no sean utilizadas para el blanqueo de capitales o para canalizar fondos o recursos a las personas o entidades vinculadas a grupos u organizaciones terroristas.

A estos efectos, todas las fundaciones conservarán durante el plazo establecido en el artículo 25 registros con la identificación de todas las personas que aporten o reciban a título gratuito fondos o recursos de la fundación, en los términos de los artículos 3 y 4 de esta Ley. Estos registros estarán a disposición del Protectorado, de la Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo, de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias o de sus órganos de apoyo, así como de los órganos administrativos o judiciales con competencias en el ámbito de la prevención o persecución del blanqueo de capitales o del terrorismo.

Lo dispuesto en los párrafos anteriores será asimismo de aplicación a las asociaciones, correspondiendo en tales casos al órgano de gobierno o asamblea general, a los miembros del órgano de representación que gestione los intereses de la asociación y al organismo encargado de verificar su constitución, en el ejercicio de las funciones que tiene atribuidas por el artículo 34 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación, cumplir con lo establecido el presente artículo.

Atendiendo a los riesgos a que se encuentre expuesto el sector, podrán extenderse reglamentariamente a las fundaciones y asociaciones las restantes obligaciones establecidas en la presente Ley.

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