Anteproyecto Ley Voluntariado y tercer sector

El anteproyecto de Ley de Voluntariado, aprobado a finales de enero, derogará la actual Ley 6/1996, de 15 de enero que se ha quedado obsoleta pues ha cambiado el perfil de los voluntarios, los modos de colaborar, los proyectos, y hasta el tiempo y forma que se dedica a las entidades sociales.

La futura norma tiene por objeto promover el voluntariado y fijar su régimen jurídico y entra ahora en un proceso legislativo del que estaremos pendientes y esperemos que llegue a aprobarse por el congreso.

La ley puede afectar a seis millones de personas en España, el sexto de la Unión Europea en cuanto a participación de la ciudadanía en actividades de voluntariado.

Se define voluntariado (Arts. 3 y 4) como “actividad de interés general, realizada de forma solidaria, libre y sin contraprestación económica a través de entidades de voluntariado“.

Se amplían los ámbitos de actuación (Art. 6):el social, el voluntariado internacional, ambiental, cultural, deportivo, educativo, socio-sanitario, de ocio y tiempo libre.

Se promueve el voluntariado de los menores de 16 años, siempre que cuenten con el consentimiento de los progenitores o tutores legales, y el de las personas mayores, con discapacidad y dependencia, “en formatos adecuados y en condiciones acordes a sus circunstancias personales, sobre la base de la accesibilidad”.

Reconoce por primera vez la singularidad de las personas con discapacidad para que puedan desarrollar labores solidarias en ONG en igualdad de condiciones que el resto

Se amplía el catálogo de derechos y deberes de los voluntarios, así como el de las obligaciones de las organizaciones.

Define los derechos de las personas destinatarias de la acción voluntaria, pudiendo ser éstas, personas físicas o grupos o comunidades de personas.

Se recogen los ámbitos de actuación del voluntariado y se regula su promoción por empresas y universidades.

TRASLADO

Tercer sector

Igualmente se aprobó el anteproyecto de Ley del Tercer Sector de Acción Social, que pasaría a ser el primer marco jurídico por el que se reconoce el desempeño de las actividades que desarrollan las organizaciones que se dedican a la solidaridad, la igualdad de oportunidades, la inclusión y la participación.

La norma reconoce legalmente los organismos ya existentes de participación institucional e interlocución entre las administraciones públicas y las ONG, a la vez que se compromete a regular el Consejo Estatal de Organizaciones no Gubernamentales de Acción Social y la Comisión de Diálogo Civil con la Plataforma del Tercer Sector.

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